Su víctima había sido María Cristina Mamani, de tan sólo cuatro años. La menor fue raptada y violada reiteradamente por Suxo y por el hijo de éste, Nazario (14). La autopsia comprobó, además, que la niña había sido castigada físicamente —de forma salvaje— por al menos dos días. Marcas de hebillas de cinturones en las piernas y de mordeduras en la espalda fueron halladas en el cuerpo inerte de la niña. Si hubiera dependido de ti, amable lector, ¿hubieras sentenciado a Melquiades a la pena capital? ¿No?

¿Y si te dijera que antes de María, este hombre había saciado —por años— sus urgencias sexuales en la piel de su hija, Dionisia (12)? ¿Cambiarías de opinión? ¿Tampoco?

¿Y si, además, te contara que Melquiades obligaba a su hijo a que vejara una y otra vez a su propia hermana ante su presencia? ¿Qué dirías? ¿Lo fusilamos?

Algunos grupos ciudadanos en Bolivia buscan reinsertar en la legislación nacional la pena de muerte. Y es que, en los hechos, está vigente. Las noticias de linchamientos (ajusticiamientos extrajudiciales realizados por la propia población) son el pan de cada día, en especial en las áreas urbanas y rurales de escasos recursos económicos. Los vecinos, cansados de las violaciones de sus hijas, de los asesinatos de sus familiares por el hurto de un simple celular y de la falta de presencia de las fuerzas del orden del Estado, han optado por tomar la justicia en sus propias manos.

El último caso estremeció al país. Cuatro policías fueron secuestrados y muertos a golpes y pedradas por los habitantes de la comunidad de Saca Saca (Potosí). Todo apunta a que los uniformados acostumbraban ir al lugar a extorsionar a los pobladores. La muerte a bala de un joven campesino del pueblo a manos de estos efectivos habría colmado el vaso.

Claro, inocentes han muerto a causa de la furia humana. En un barrio periférico de Cochabamba, el 2008, un estudiante de 16 años fue confundido como delincuente. Sin darle lugar a mayores explicaciones —había llegado por primera vez al vecindario para declararle su amor a su compañera de colegio—, la turba lo amarró a un poste, lo torturó y, finalmente, lo quemó vivo. La gente reaccionó así debido a que la Policía, dos años antes, había dejado libre a otro hombre que había violado a varias niñas del lugar. El enfermo sexual, había cambiado de vivienda al salir de la celda, pero continuó sus ataques sexuales en otra zona, donde, al final, murió asesinado a pedradas.

¿Qué hacer?

Es la sociedad la que debe lidiar con sus delincuentes. Ya de forma unilateral, por ejemplo, ésta ha decidido privar de libertad a los criminales. El propósito es que, tras la condena, se reinserte reformado a ese ciudadano a las calles. Pero yo pregunto, un violador y asesino de menores de edad ¿acaso podrá reformarse? Yo lo dudo y me baso en casos específicos. Mi opinión es que en hechos extremos, como el de Melquiades Suxo —donde se hace presente la violación, la tortura y la muerte de niños— es totalmente válido el uso de la pena de muerte. ¿Qué otra solución habría? ¿Internar al agresor en una entidad mental, bajo el cuidado de la sociedad a la que éste ultrajó?

Permítanme abrir el debate con este artículo.

Foto del último boliviano ejecutado. Foto de El Diario, de agosto de 1973

Nuestro lema es: mientras sea legal, esta permitido, aunque de sobra esta decir que más allá del raciocinio, algunas opiniones rozan los límites de la sensibilidad de cada individuo. Internamente hemos tenido ya varias discusiones. Personalmente nunca me imaginé que mi nombre se vería relacionado a una idea como la que expone Javier Badani en su artículo: ¿Lo fusilamos? Desde la sala de máquinas de Los Superdemocraticos sólo puedo decir que: no sólo no estamos de acuerdo con la pena de muerte, no estamos de acuerdo con promover ningún tipo de discusión en ese sentido. La ausencia del Estado no justifica a la turba tomando la justicia en sus manos, personalmente ni si quiera concidero que esa sea justicia.

Como mujer tampoco estoy de „acuerdo“ con el artículo de Liliana Lara: Parto, esta semana. Si bien es cierto que me parece legítimo reconocer a la maternidad o a la paternidad como un aspecto fundamental de la vida del sujeto y que nadie puede juzgar que es lo mas importante para otra persona, la verdad es que las mujeres luchan desde hace años, generacion tras generación, para tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos, para dejar de ser un útero y como la mayoría de las feministas, personalmente no considero que la experiencia del parto sea necesaria. En mi opinión es sólo una de las posibilidades que me ofrece la biología, no un dogma y conozco a varias a las que no les ha cambiado la vida. Yo particularmente no creo en la maternidad con mayúscula, ese concepto siempre me ha parecido una trampa del patriarcado para mantener a la mujer “honorablemente” en el espacio privado y siempre he pensado que la cría de la prole es algo tan masculino, como femenino. El parto no garantiza necesariamente los vínculos humanos y un hijo es de quién lo cría, por eso estoy a favor del derecho a adopción para parejas homosexuales.

Mis colegas a lo largo de estas semanas han tenido problemas con los textos de otros autores, no todos somos igual de sensibles ante los mismos temas. De nuestro instinto censurador podemos decir que lo hemos mantenido a raya, prácticamente no se han discutido  contenidos, pero hemos pensado que este era un buen momento para exponer nuestra posición. No compartimos muchas de las opiniones de nuestros autores, pero nos mantenemos fieles a la idea: mientras sea legal… Eso sí, nuestras editoriales nos sirven para comunicar la opinión del equipo, diferenciar contenidos y hacer uso de nuestro derecho a disentir. La libertad de expresión se caracteriza por garantizarnos la oportunidad de manifestar públicamente que apoyamos una idea, pero por sobre todo, nos garantiza el poder decir públicamente que no estamos de acuerdo.