Quizá la intención fue de las mejores, incluir a varios intelectuales en un gobierno que pretende cambiar la estructura de un país, pero el resultado –hasta el momento– no es de los mejores. Aquellos que se subieron al carro del actual Gobierno, el del presidente boliviano más conocido en el mundo, están observando de palco los grandes errores de esta gestión, producto de pugnas internas de poder, que derivaron en toma de decisiones nada acertadas.

Uno de los más graves ocurrió los últimos días de 2010, cuando el gobierno decidió subir los precios de los carburantes o el llamado Gasolinazo. Si Evo Morales creyó que la ciudadanía podía aceptar una medida tan anti popular atenido a su amplia votación del más del 60%, se equivocó ¿o se equivocaron sus asesores? Algunos intelectuales dieron la voz de alerta, pero fueron ignorados. Para que el gobierno se dé cuenta de este error, gran error, fue necesario que una multitudinaria marcha de rechazo casi llegue a Plaza Murillo, epicentro del poder. La noche de año nuevo la medida fue anulada.

Desde entonces se rumorea en los pasillos de Palacio el alejamiento de varios intelectuales que no fueron escuchados. Otros, que levantaron su voz de queja, fueron alejados del gobierno, acusados de traición al “proceso de cambio”. Los ejemplos sobran, como el mismo ideólogo y fundador del MAS, partido de gobierno, Filemón Escóbar; el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el escritor Raúl Prada (ex compañero del vicepresidente Álvaro García Linera); el periodista y ex embajador en EEUU, Gustavo Guzmán y Alex Contreras, ex vocero del gobierno y que acompañó a Evo Morales desde las campañas que hacían en el Chapare  en los años 90.

Todos ellos salieron del poder tirando la puerta y hoy son los críticos con conocimiento y causa de todas las acciones del gobierno, quien a su vez los tilda de vendidos a la derecha, a la embajada de EEUU o, recientemente, a ONGs. Casi todos ellos han demostrado que al ingresar como “invitados” a las filas del partido de Gobierno perdieron esa independencia o autoridad, virtudes que los debería caracterizar, como los intelectuales de una sociedad. Al parecer, el pensar de los intelectuales y el mandar de los gobernantes no van de la mano. Lo triste es ver a tanto intelectual dentro del Gobierno –como al mismo Álvaro García Linera– que ha renunciado a pensar, algo que implica examinar, juzgar, denunciar e incluso autocriticar. La ideología se ha antepuso a todas las anteriores acciones.

No, la tarea de los intelectuales en Bolivia hoy en el poder ya no es pensar, es mandar, defender y justificar las acciones del Gobierno. Como lo intentaron con la represión a la marcha indígena, que se dirige a La Paz desde Beni, en rechazo a la construcción de una carretera por su lugar de origen: el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). Nuevamente un mal cálculo en las esferas del poder, alertadas por varios intelectuales, pero todas sus críticas fueron anuladas por el gobierno, aduciendo que se trataba de intereses foráneos, de ONGs y fundaciones, que amparadas bajo el lema de “medio ambiente” conspiran contra este gobierno. La ciudadanía se indignó por tal hecho y, sumado a otros factores, el gobierno pagó una factura muy cara: el voto nulo fue superior a los votos válidos en la primera elección de jueces impulsada por Evo Morales. Algo inédito en Bolivia y el mundo.

¿Será posible ser intelectual y fungir como tal desde el poder? Eso nos los dirán las futuras acciones de un gobierno de cambio que además de mandar tiene la obligación de pensar, una tarea para sus intelectuales.

Main global cocaine flows 2008. (UNDOC, United Nations Office on Drugs and Crime)

Al calor de las recientes declaraciones de la Comisión Internacional en Política de Drogas, a la que pertenece Kofi Annan y un grupo de intelectuales y políticos (entre los que se cuentan el premio Nobel Mario Vargas Llosa o el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker), quisiera compartir algunas reflexiones sobre el mentado fracaso de la guerra antidrogas, esa vieja cruzada que iniciara Richard Nixon y que casi cuarenta años más tarde ha dejado un saldo de miles de muertos, sociedades descompuestas y un aumento exponencial del consumo.

Hasta hace unos meses todas las radios colombianas emitían un comercial en el que una niña con voz mimada e hipócrita se dirigía a los cultivadores de coca para pedirles que dejaran de sembrar “la mata que mata”. Y digo hipócrita porque en realidad se trataba de una amenaza, tanto más escalofriante dado que la portadora del mensaje era una niña. El comercial, financiado por el gobierno de Álvaro Uribe como parte de la campaña de sustitución de cultivos ilícitos, tenía un subtexto transparente: los campesinos no son malos, sino niños un poco idiotas, a los que hay que dirigirse con paciencia y mañas de maestro escuelero, de los que combinan hábilmente la zanahoria con el garrote. Y la coca, por supuesto, es esa diabólica “mata que mata”, una réplica tropical del árbol de la ciencia, una entidad maligna capaz de aniquilar vidas humanas. Las series de oposiciones didácticas −plantas buenas/plantas malas, premio/castigo, maestro/alumno, adulto/niño, vida/muerte− están atravesadas de cabo a rabo por la ética y la estética de las campañas de evangelización que se practican desde 1492 en territorio americano.

Este discurso cristiano –y aclaremos que el comercial de la niña no es más que un ejemplo entre muchos− constituye una provocación a los pueblos indígenas que, además de tener una relación ancestral de conocimiento con la planta, se cuentan entre las comunidades más afectadas por la guerra antidrogas. Según datos de la oficina de la ONU para los derechos humanos, en 2009 los asesinatos de indígenas aumentaron un 64% respecto al año anterior, lo que no es de extrañar, dado que actualmente este colectivo representa una de las escasas formas organizadas de resistencia contra todos los actores armados de un conflicto que, no menos dependiente de los flujos internacionales que controlan los precios de la droga, muta sin cesar para mantenerse vivo.
Lo que hay es, por lo tanto, una mirada construida históricamente a partir de todos estos condicionamientos de índole cristiana y colonial, con el consecuente desarrollo de una hybris que redunda en el dominio y explotación irracional del territorio.

Todo ello incide, por un lado, en una imposición colonial de las metáforas de la fe cristiana en la concepción y dominio de los entornos colonizados, y por otro, en la prolongación histórica de ese proceso de imposición de metáforas durante los sucesivos espolios de la economía extractiva del capitalismo moderno (las fiebres del oro, el caucho, la quina y más recientemente, la coca…). Y es que a pesar del cariz supuestamente laico de ésta última forma de dominio, lo que se observa es que, al igual que en tiempos de la Conquista española, la naturaleza americana sigue siendo observada por sus actuales explotadores como un espacio salvaje donde imperan fuerzas irracionales a las que sólo es posible oponerse mediante el uso de la violencia. Y esto se aplica tanto a las instituciones estatales como a los poderes fácticos que imponen su ley en cada territorio: las redes non-sanctas conformadas por narcotraficantes, grupos armados al margen de la ley, élites locales y compañías transnacionales.

Seamos enfáticos a la hora de denunciar las mentiras: es irracional y estúpido atribuirle defectos morales a una planta o a cualquier sustancia; la retórica que se vale de ese rezago medieval de nuestra cultura tiene como finalidad ejercer un lucrativo e hipócrita sistema de control ideológico sobre quienes consumen y sobre los estados productores.
Seamos aún más enfáticos: a pesar de sus insuficiencias jurídicas y filosóficas, la propuesta de la Comisión  de despenalizar el consumo constituye un paso importante para empezar a perfilar el horizonte deseado, esto es, una nueva cultura del uso de las drogas que, en lugar de reforzar la lógica del capitalismo, la haga estallar en pedazos.