Su víctima había sido María Cristina Mamani, de tan sólo cuatro años. La menor fue raptada y violada reiteradamente por Suxo y por el hijo de éste, Nazario (14). La autopsia comprobó, además, que la niña había sido castigada físicamente —de forma salvaje— por al menos dos días. Marcas de hebillas de cinturones en las piernas y de mordeduras en la espalda fueron halladas en el cuerpo inerte de la niña. Si hubiera dependido de ti, amable lector, ¿hubieras sentenciado a Melquiades a la pena capital? ¿No?

¿Y si te dijera que antes de María, este hombre había saciado —por años— sus urgencias sexuales en la piel de su hija, Dionisia (12)? ¿Cambiarías de opinión? ¿Tampoco?

¿Y si, además, te contara que Melquiades obligaba a su hijo a que vejara una y otra vez a su propia hermana ante su presencia? ¿Qué dirías? ¿Lo fusilamos?

Algunos grupos ciudadanos en Bolivia buscan reinsertar en la legislación nacional la pena de muerte. Y es que, en los hechos, está vigente. Las noticias de linchamientos (ajusticiamientos extrajudiciales realizados por la propia población) son el pan de cada día, en especial en las áreas urbanas y rurales de escasos recursos económicos. Los vecinos, cansados de las violaciones de sus hijas, de los asesinatos de sus familiares por el hurto de un simple celular y de la falta de presencia de las fuerzas del orden del Estado, han optado por tomar la justicia en sus propias manos.

El último caso estremeció al país. Cuatro policías fueron secuestrados y muertos a golpes y pedradas por los habitantes de la comunidad de Saca Saca (Potosí). Todo apunta a que los uniformados acostumbraban ir al lugar a extorsionar a los pobladores. La muerte a bala de un joven campesino del pueblo a manos de estos efectivos habría colmado el vaso.

Claro, inocentes han muerto a causa de la furia humana. En un barrio periférico de Cochabamba, el 2008, un estudiante de 16 años fue confundido como delincuente. Sin darle lugar a mayores explicaciones —había llegado por primera vez al vecindario para declararle su amor a su compañera de colegio—, la turba lo amarró a un poste, lo torturó y, finalmente, lo quemó vivo. La gente reaccionó así debido a que la Policía, dos años antes, había dejado libre a otro hombre que había violado a varias niñas del lugar. El enfermo sexual, había cambiado de vivienda al salir de la celda, pero continuó sus ataques sexuales en otra zona, donde, al final, murió asesinado a pedradas.

¿Qué hacer?

Es la sociedad la que debe lidiar con sus delincuentes. Ya de forma unilateral, por ejemplo, ésta ha decidido privar de libertad a los criminales. El propósito es que, tras la condena, se reinserte reformado a ese ciudadano a las calles. Pero yo pregunto, un violador y asesino de menores de edad ¿acaso podrá reformarse? Yo lo dudo y me baso en casos específicos. Mi opinión es que en hechos extremos, como el de Melquiades Suxo —donde se hace presente la violación, la tortura y la muerte de niños— es totalmente válido el uso de la pena de muerte. ¿Qué otra solución habría? ¿Internar al agresor en una entidad mental, bajo el cuidado de la sociedad a la que éste ultrajó?

Permítanme abrir el debate con este artículo.

Foto del último boliviano ejecutado. Foto de El Diario, de agosto de 1973